Domingo, 23 de julio de 2017
Manuel Carvallo Carvallo

Manuel Carvallo Carvallo

Manuel Carvallo Carvallo, egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con 28 años de ejercicio periodístico en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos de Veracruz, así como nacionales entre ellos: El Sol de México y como reportero gráfico en la revista Proceso donde cubrió la fuente de justicia federal (PGR, Ejército, Marina, AFI, Gobernación, Policía Federal, entre otras), donde destacó por sus constantes trabajos de investigación.
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El 18 de junio de 2016, a las cero horas, nació el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pensado como la panacea en el terreno de la impartición de justicia y el fin d la impunidad

De entrada, sólo siete delitos fueron considerados como graves, en los que los presuntos serían encarcelados preventivamente durante el tiempo que durara el proceso.

El resto de los ilícitos, los imputados podrán enfrentarlo en libertad.

Delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos (armas y explosivos), así como infracciones graves que establezca la ley en cuanto a seguridad nacional y el libre desarrollo de la personalidad y la salud (¿?).

Con esas reformas, si alguien fuera acusado de un fraude multimillonario, malversación o desvío de recursos, operaciones con con recursos de procedencia ilícita, como lo hizo el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, podrá enfrentar el proceso en libertad porque esos delitos no están
contemplados COMO GRAVES.

En ese nuevo esquema, “prevalecerá la presunción de inocencia, se privilegiará la conciliación y habrá equilibrio entre los derechos de la víctima e imputado y se impediría que inocentes fueran a prisión para, después de años, absolverlos”, según los doctos que se tornaron legos.

El objetivo sería hacer la impartición de justicia más eficiente, expedita, transparente y humana.

No habrá vacíos, ni se abría una puerta a la impunidad, aseguraron.

A nivel de escritorio todo fue perfecto.

Pero es obvio que por los resultados, no dejaron sólo rendijas sino enormes boquetes legales por los que los delincuentes, incluso los de alta peligrosidad, burlan a la ley.

Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió reiteradamente que si una detención es arbitraria, falla todo el esquema; si el Ministerio Público no es capaz de sostener la legalidad de la actuación policial en los tribunales, falla; si el fiscal y el defensor no argumentan conclaridad jurídica y solvencia en las audiencias, fallan los principios torales del sistema y si el juzgador absuelve por deficiencias probatorias o vicios procesales (el indebido proceso), aun cuando esa decisión sea correcta y conforme a la protección de los derechos del imputado, para la víctima y para la sociedad, eso significa que todo el sistema ha fallado.

Pero no hay de qué preocuparse, porque sabemos que en este país, nada falla

¿O sí?

¿Que si Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, puede quedar en libertad condicional al ser extraditado a México, porque ni aquí ni en Panamá, es delito grave el haberse apoderado de miles de millones de pesos? cosas del NSJP.

¿Que la misma historia podría repetirse en el caso de Javier Duarte de Ochoa "El Javidú", exgobernador de Veracruz, de ser repatriado de Guatemala a nuestro país y en ton es el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, acabaría haciendo él ridículo, ya que esa justicia que ha
prometido desde hace muchos años, nunca le llegará a los veracruzanos, es decir, que así como no da seguridad, tampoco hará justicia.

Pues ni modo, no se puede ir contra la ley, bueno, eso es un decir, por qué ya conocemos a Miguel Ángel Yunes Linares, quien jamás ha respetado la ley y siempre ha crecido que la ley es ėl mismo... ¿qué tal si lo encarcela y después resulta que Javidú era inocente?

No, desde luego que no, hay que ceñirse al NSJP.

Así que con el NSJP, no nos asombremos de ver libres a delincuentes de toda clase, sin importar el delito que cometieron.

De haber existido el NSJP en la década de los cincuentas, seguro que Pepe El Toro”, que al final resultó inocente, no habría sido enviado a chirona.***LA ABSOLUCIÓN DEL CULPABLE, ES LA CONDENA DEL ACUSADOR.



¡QUÉ novedad!, jajajaja que risa me da

Pues resulta que periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, son espiados por los gobiernos federal y de los estados.

EL informe: “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos” de Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá y difundido por el diario estadounidense The New York Times, señala que de enero de 2015 a julio 2016 (durante 18 meses), periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, fueron espiados por gobiernos de México.

Precisa que el espionaje se intensificó cuando alguno de ellos, dio a conocer información crítica, como Carmen Aristegui, (La Casa Blanca); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (represión en Atenco); los abogados de los padres de normalistas desaparecidos y los peritos del GIEI en su informe final o Carlos Loret de Mola, al reportear las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, entre muchos otros más.

Lo molesto es que andar vigilando a periodistas e inconformes, le sale bastante caro, no a los gobiernos federal y estatales, sino al pueblo, que es el que realmente paga. Es decir, contrario a lo que decía Luis Echeverría... Nosotros sí estamos pagando para que nos peguen.

Y si no, échele cuentas:

Para obtener los servicios del grupo israelí, NSO Group, a través del malware “Pegasus” y poder espiar a sólo 10 usuarios de teléfonos inteligentes (iPhone), el comprador (en este caso fue el cansado exprocurador Jesús Murillo Karam-bolas, debió pagar, entre cuota de instalación y servicios, un millón 100 mil dólares.

Debe aclararse que por el enorme potencial intrusivo del software, la empresa israelita sólo vende esa clase de servicios a gobiernos, para investigar a criminales y terroristas y se aplica sólo en casos que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Cuando alguien es atacado con “Pegasus”, recibe un mensaje SMS en su teléfono que busca persuadirlo de hacer clic en el enlace infeccioso, mediante una noticia, un aviso o el supuesto mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos, datos y funciones guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.

El espionaje incluso alcanza a familiares, allegados y amistades del investigado.

Según el informe, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (esta última, sin facultades legales para espiar), han adquirido el malware “Pegasus”.

Conforme al rotativo neoyorkino, otro de sus clientes mexicanos fue Rafael Moreno Valle Rosas, el hombre que dice que todo se puede, sí, ese que pretende llegar a la Presidencia de la República como candidato independiente.

¿Se imagina?

La Iglesia en manos de Lutero.

Al respecto, el Gobierno Federal se contradice, pues mientras que el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, niega que “se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación a periodistas o defensores de derechos humanos”, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, instruyó a Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial de Atención para Delitos Contra la Libertad de Expresión (otro elefante blanco gubernametal), a que se abriera una carpeta de investigación por “delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”.

Por fin ¿hay o no espionaje a críticos del gobierno?

Ahora bien, si realmente hubiera voluntad de investigar, no tienen que dar tantas vueltas, simplemente pedir a la empresa israelí información detallada sobre quiénes en México tienen su software y en qué teléfonos se usó Pegasus.

Y si no son instituciones gubernamentales, como en el caso de MORENO VALLE, con mayor razón el NSO Group, debe proporcionar toda la información y establecer si ese espionaje se hizo con orden judicial o a capricho.

Pero…¿No es absurdo que el acusado se investigue, pues si la PGR es una de las señaladas de andar de “espiona” ¿Entonces se va ainvestigar, se va a acusar y se va a consignar?

Por favor, la otra me la dan de huevo.

Por otra parte, la labor de espionaje de personajes incómodos para el gobierno en turno, no es nada nueva.

Desde hace siglos, desde luego no con los avances tecnológicos actuales, se vigila y espía a los que critican, sólo que no de manera tan sofisticada y cínica.

A propósito ¿qué ha pasado con los asesinatos de JAVIER VALDÉZ CÁRDENAS, de Riodoce, de CECILIO PINEDA BRITO, de La Voz de Tierra Caliente? ¿O con la desaparición del periodista michoacano, SALVADOR ADAME PARDO, de Canal 6Tv?

Esa es la tarea que debería estar haciendo el Gobierno Federal, esclarecer los crímenes, y no andar “colgando” a nadie para saber su opinión.

¿Qué no está claro que el malestar es general y no de unos cuantos, por lacorrupción que impera en la mayoría de los gobernantes de este país?

¿Cuántas muertes de periodistas y luchadores sociales habrá detrás de esos espionajes.***LIBERTAD DE PRENSA, CUANTOS CRIMENES SE COMETEN EN TU NOMBRE... Tan tán.

 





“El 5 de junio de 2017, se convirtió en día de cambio para Quintana Roo; es tiempo de resultados contra la impunidad y la corrupción”, dijo Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, al enterarse de la captura de su antecesor, Roberto Borge Angulo, durante la madrugada del pasado lunes, en uno de los aeropuertos de Panamá.

Como lo informamos oportunamente, pese a la negativa oficial de la Procuraduría General de la República de que hubiera orden de aprehensión contra el exmandatario, así como la alerta migratoria y la emisión de la ficha roja por parte de la Interpol, la existencia de todo ello se confirmó los primeros minutos del pasado lunes, al darse a conocer su detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, cuando pretendía tomar un vuelo rumbo a París, Francia.

En torno a Borge Angulo, quien desfalcó a su estado con más de 30 mil millones de pesos, pesan no una, sino seis peticiones de órdenes de aprehensión a jueces federales, por parte de la PGR, por lavado de dinero, uso indebido de recursos públicos, desvío de fondos, venta del patrimonio del Estado, enriquecimiento ilícito y despojo, entre otros.

LA CAPTURA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en coordinación con Interpol, establecieron que Borge Angulo llegó a Panamá el 25 de mayo y se hospedaba en un departamento de la Torre Trump.

Asimismo, identificaron a diversos colaboradores, que lo apoyaban en la logística de traslados, mediante la compra de boletos de avión y la renta de departamentos y habitaciones de hotel en ciudades como Miami, Florida; La Habana, Cuba; Nassau, Bahamas; Panamá, Panamá, y recientemente en Barcelona, España, a donde pensaba viajar.

Tras su aprehensión, corresponderá a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales realizar la solicitud formal de detención con fines de extradición al gobierno de Panamá, para lo cual cuenta con un plazo de 60 días.

CÚMULO DE ILÍCITOS DE BORGE, FAMILIA Y AMIGOS

De acuerdo a la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, a fin de recabar los elementos necesarios y fincar presunta responsabilidad a Borge Angulo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, datos financieros de una decena de personas y de nueve empresas.

También se investigaron las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador; de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y de Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.

Lo mismo de Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.

Algunas de las empresas investigadas por la compra de terrenos a precios de ganga son: Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V., Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V., Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.

La indagatoria dio inicio luego de la denuncia que interpuso el actual gobernador Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014, a cargo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de 5 mil millones de pesos (todas subvaluadas y rematadas a familiares y miembros del círculo cercano de Borge), fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero y al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta.

De las 25 propiedades que aseguró la PGR, cuatro pertenecen a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto Borge Angulo, cuyos terrenos fueron comprados en 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado en el municipio de Cozumel.

En total por los cuatro predios, dos de los cuales compró el mismo día, la madre del ex mandatario pagó 28 millones 547 mil 184 pesos, sin embargo, el costo real a la fecha del total de las ventas realizadas suman 149 millones 798 mil 852 pesos.

El 29 de abril de 2015, la señora Angulo realizó la compra de superficie de la reserva territorial del estado más grande, ya que tiene una extensión de 111 mil 763 mil metros cuadrados, por el que pagó 15 millones 367 mil 523 pesos, aunque el precio real a la fecha de venta es de 73 millones 577 mil 873 pesos.

De manera general, los terrenos están ubicados en zonas costeras o con vista directa al mar, en los municipios de Tulum, Cozumel, Othón Blanco, Cancún, Solidaridad e Isla Mujeres y fueron vendidos a un 6 por ciento de su valor real.

Uno de esos terrenos, está en Tulum situado en el Santuario de la Tortuga Marina, conocido a nivel nacional por ser el principal sitio de anidación de quelonios de la especie caguama y blanca, frente a la bahía de Xcacelito y colinda con el parque Xel-Ha.

La situación de inconformidad llegó a tal grado, que el niño Ángel Jacinto Noh Tun, al participar en el Séptimo Parlamento Infantil de Quintana Roo, originario del municipio maya de José María Morelos de Quintana Roo, lanzó un fuerte reclamo por la corrupción de los políticos y los cuestionó:

“La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borge. Tu diputado y diputada, por qué no legislas para ponerlo tras las rejas, tienes miedo o ya te llegó al precio”, cuestionó el diputado infantil, de quinto año de Primaria, exclamación que se ganó el aplauso de los asistentes.

Dijo que es una incongruencia que mientras una familia lucha por tener una vivienda -de 15 por 20 metros-, que será el patrimonio de su familia, “Borge invade y vende terrenos a familiares y amigos”.

Ocho meses después de haber finalizado su gobierno (2011-2016), en el que saqueó al Estado, desvió recursos federales, estatales y se apoderó de infinidad de tierras y bienes muebles e inmuebles, ayudado por Juan Pablo Guillermo Molina, Eliézer Villanueva Lanz, Claudia Romanillos, Mauricio Rodríguez –actualmente preso-, Fabián Vallado, Fernando Escamilla, entre otros, Borge huyó de Quintana Roo.

Siguió los pasos de su padre, Roberto Borge Marín, quien en 1994 fue detenido y procesado, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos, durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien le negó su apoyo político y lo hundió en la cárcel, al igual que a Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Ahora, Borge tendrá que demostrar de dónde obtuvo tanto dinero para comprar cientos de negocios, propiedades –entre ellas un diario de circulación estatal y una radiodifusora-, efectivo en bancos, y sobre todo, la Naviera Barcos Caribe, que mal integro su papá, motivo por el cual está en proceso de litigio.

Atrás quedó la ostentación, como cuando envió a Belice, a la isla de San Pedro, a sus operadores jurídicos a comprar una Isla en 10 millones de dólares que pagaría en efectivo, aunque la operación no se concretó porque no le gustó que la isla estuviera enmontada. Esa isla es ahora un complejo hotelero de lujo.

Asimismo, operaba una red delincuencial conocida como “Los Piratas De Borge” en la cual supuestos trabajadores iniciaban una demanda laboral contra empresas, reclamando indemnizaciones millonarias, la Junta de Conciliación y Arbitraje fallaba a favor del trabajador, vaciaba las cuentas bancarias del empresario y se adueñaba de los inmuebles, que eran rematados a familiares y amigos muy por debajo de su valor real.

Existe otra denuncia por parte de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por el desvío de mil 800 millones de pesos, que fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural durante el ejercicio fiscal del 2016, en los últimos días de Borge Angulo como gobernador.

Ahora, tras la captura del más grande saqueador del Estado, el reclamo de los quintanarroenses no es tan sólo que se le encarcele, sino que se le obligue a devolver todo lo que se llevó y lo que dejó robar a familiares, compadres, colaboradores y amigos

En la pesca no todos los pescadores son pobres, hay algunos que cobran por tres conceptos, como funcionario público, como falso dirigente de los pescadores y como activista social, mientras los auténticos trabajadores del mar siguen en la miseria, así es Joaquín Sosa Herrera, según pescadores inconformes con sus actividades.

"El Flamante director de Pesca del Gobierno del Estado, Joaquín Sosa no se conforma con su salario como funcionario público en el nuevo gobierno, sino que sigue explotando a los trabajadores del mar ostentándose como líder de los trabajadores de la pesca", señalan los pescadores que pidieron el anonimato.

Sosa Herrera ha hecho de los pescadores su manera de vivir en playa norte,  a los pescadores les cobra cuotas prometiéndoles que les va a conseguir lanchas, redes, motores y no ha dejado de cobrarles ese dinero, cuando los pescadores preguntas solo les dice que se encuentra en una cuenta bancaria ganando intereses, pero el tiempo pasa y ese dinero no llega.

Escudado en la organización " triunfo unido ", se mantiene él y su familia a costa de la esperanza que los pescadores tienen en mejorar su nivel de vida, pero eso a Sosa Herrera no le importa, porque cobra por todos lados.

Aunque no da la cara, Joaquín Sosa es juez y parte, porque por un lado funciona como funcionario Público siendo director de pesca del gobierno del estado y, por otra parte, está detrás de las movilizaciones de los pescadores, uno de ellos de apellido Suazo, que utiliza para presionar a las autoridades por presuntos daños ambientales de lo cual sale negociando y beneficiándose.

 Entre “El Suazo”, “La china” Felipe valencia Hernández, Enrique Martínez y Joaquín Sosa Herrera, están detrás de los paros de pescadores para contar a las instituciones y para ello utilizan al abogado Wilbert Mota Montoya para justificarles jurídicamente sus ilegales movimientos.

Pero algo debe estar pasando porque bastaría con que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares procediera a una auditoría a Joaquín sosa herrera, para darse cuenta que para este vividor el cambio si llegó, pero no para los trabajadores del mar.

Hay casos de verdaderos pescadores que por más de 20 años han permanecido en playa norte y la zona de san juan de Ulúa  comentan  que más del 90 por ciento de los que se manifiestan ahora en tiempos electorales son mandados por Joaquín Sosa Herrera.

Las federaciones de pescadores como la de Isabel pastrana y Bernardo Hernández  con más de 1000 pescadores de la zona se preguntan,  que como le hizo este personaje venido a menos para ponerlo como su autoridad en la SEDARPA  en pesca y acuacultura,  sin tener los conocimiento básicos  de la administración pública habrá que ver  hacia donde canaliza los apoyos.

Esa institución debe ser representada por alguien que tenga amor a la camiseta y sienta la necesidad de  los verdaderos pescadores y con conocimientos  y no llegue nada más a servirse como este tipo que brinca de partido en partido para meterse a seguir medrando de los pescadores de esta zona sino pregunten a quienes los representa de playa norte  como los ha madreado.

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