Domingo, 23 de julio de 2017
Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Yunes: apretando a la PGR

Sábado, 22 Julio 2017 17:57

Con el ardid del disco duro, los audios y los videos, la evidencia que incrimina, Yunes azul atiza el fuego sobre Javier Duarte, y sobre la PGR, y sobre Peña Nieto, vislumbrando que el saqueador de Veracruz tiene todo para burlar la ley.

Ve tan pactada su extradición que argumenta que hay testimonio letal para su antecesor, y para la PGR, y para el presidente, las voces y el cinismo de los socios, los operadores del robo a las arcas de Veracruz y los que conocen el destino de lo hurtado.

Azorado ante el escenario de impunidad en que Javier Duarte llegó a México, arropado por la ignorancia de los abogados que no pudieron acreditar el peculado por 438 millones de pesos, hechos bolas con el caso, impreparados, a los bandazos en la audiencia inicial, en el Reclusorio Norte, advierte Miguel Ángel Yunes Linares que iría en calidad de testigo a hundir al ex gobernador.

Ofrece a la PGR su testimonio, lo que le soltaron los cómplices más cercanos de Javier Duarte, lo que grabó en sus charlas delatoras, el modus operandi del saqueo, lo que la Procuraduría General de la República tendría que acreditar en la audiencia de vinculación a proceso, este sábado 22, o Javier Duarte quedaría en libertad.

Entre líneas, Miyuli aprieta Peña Nieto. Son los testaferros quienes conocen la ruta del dinero, la “extracción” de las arcas públicas y el destino: los ranchos, las casas, los hoteles, edificios y el yate Aquariva Súper, de casi 10 millones de pesos, “a la altura de su investidura”.

Son los cómplices quienes saben cuántos millones fueron a parar a la fortuna personal del ex gobernador y cuánto sirvió para sobornar, halagando a los hombres del poder, los dueños del PRI; cuánto fue inyectado a la campaña presidencia priista, silenciando así a Peña Nieto.

Histriónico y mediático, Yunes azul lanza un mensaje que ha de impactar en la PGR: el saqueo es real, los millones derivados tuvieron destino, los cómplices existen, las delaciones llevaron a la devolución de más de 700 millones de pesos y la entrega de bienes adquiridos por la red de prestanombres.

Habla Yunes en palacio de gobierno. Enfatiza en la riqueza de Javier Duarte, la vida de reina que se da su aún esposa, Karime Macías Tubilla, la familia implicada, viviendo a todo lujo en Londres, “una de las ciudades más caras del mundo”.

Y toca el punto crucial: las confesiones de los socios, de Mansur y Janeiro, de Alfonso Ortega y Ruiz Bandín, otro que metió en la compra ilegal de casas hasta a la suegra; del sátrapa de Franky García, “uno de los principales cómplices de Javier Duarte”.

Ya no son tres memorias USB, como diría en 2016, aquel 12 de octubre cuando Javier Duarte dejó el gobierno de Veracruz y anunció que se dedicaría a combatir a Yunes Linares, retomando las denuncias por enriquecimiento ilícito, imputándole propiedades en México, Nueva York, Minatitlán; una inmobiliaria a nombre de su esposa e hijos; su mansión del Conchal, en Alvarado, los negocios gasolineros y hasta la liga con los recursos que habría de invertir su hijo Omar en paraísos fiscales, el caso Panamá Papers.

Aquel día, Yunes advirtió que el plan era frustrar su llegada al gobierno de Veracruz, entonces gobernador electo. Y lanzó la amenaza con dedicatoria a Los Pinos, a Peña Nieto, al PRI.

Decía tener en esas tres memorias información que cimbraría a México, y que la daría a conocer el 1 de diciembre en su toma de posesión.

Pues no cimbró a nadie. Ni invocó las USB ni aludió al destino de parte de lo robado por Javier Duarte, el presunto financiamiento con dinero de las arcas veracruzanas al candidato presidencial del PRI, en 2012, Enrique Peña Nieto.

Hoy, desde palacio de gobierno, lanza el dardo contra Duarte, contra la PGR y contra EPN:

“Hay elementos suficientes para proceder en contra de todos, personalmente me consta.

“¿Cómo puede alguien sostener que Javier Duarte no se enriqueció en el cargo, si hoy 12 miembros de su familia viven en Londres, una de las ciudades más caras del mundo?

“¿Cómo puede alguien sostener que Javier Duarte no se enriqueció con recursos de los veracruzanos, si aún sin estar en funciones logré que sus cómplices devolvieron más de 700 millones de pesos que hoy se encuentran en una cuenta bancaria del Gobierno de Veracruz y sirven para mejorar las condiciones de los hospitales abandonados por Duarte y por Herrera?

“También, logramos la devolución de bienes inmuebles que valen decenas, probablemente cientos de millones de pesos, así como un jet, un helicóptero y obras de arte.

“Los cómplices lo devolvieron y me confesaron que eran recursos de los veracruzanos y que ellos habían servido como prestanombres.

“Lo reitero, logramos esta devolución aún sin estar en funciones como Gobernador.

“¿Cómo puede alguien sostener que Javier Duarte no se enriqueció si ha contratado para su defensa al despacho de abogados más caro de México (Del Toro Carazo)?

“Mi compromiso como Gobernador de Veracruz no es sólo desempeñar las tareas que corresponden al Ejecutivo, es también exigir justicia.

“Por eso, el día de hoy lo hago, exijo a los jueces federales que antes de tomar sus decisiones vean el fondo filosófico de la Ley, su esencia, su esencia que es el hacer justicia.

“Y en este caso, hacer justicia a un pueblo agraviado, a más de ocho millones personas que fueron lastimadas por la corrupción.

“No se haría justicia si se pusiera en libertad a quien dejó en bancarrota a Veracruz y a millones de veracruzanos, a millones de veracruzanos que hoy se encuentran en la pobreza total.

“Exijo también que se proceda en contra de todos, no sólo de Duarte.

“Que se llame a declarar a Karime Macías, su esposa, quien participó en tareas de gobierno y también en muchas de las acciones que se llevaron a cabo para desfalcar a los veracruzanos.

“Esto consta en las conversaciones que daré a conocer, y también en los diarios que oportunamente la Fiscalía General del Estado encontró y requisó  en la ciudad de Córdoba.

“Exijo que se investigue también el monto y origen de los recursos con que se pagan los honorarios de sus abogados (Del Toro Carazo), porque debe presumirse que tienen su origen en dinero del pueblo de Veracruz.

“En nombre del pueblo de Veracruz demando que se aceleren todas las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación en contra de Javier Duarte y sus cómplices, denuncias presentadas y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde hace muchos meses, por haber desviado decenas de miles de millones de pesos que debían haberse destinado a la salud, a la educación y a la seguridad de los veracruzanos.

“Hoy anuncio que solicitaré a la Procuraduría General de la República que me llame a declarar como testigo y aportaré las pruebas que tengo en mi poder para acreditar que efectivamente lo que hubo en Veracruz no fue un gobierno, sino una banda de delincuentes organizados.

“Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. De las mismas se desprenden elementos probatorios que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos.

“Los videos que aportaré son prueba lícita porque yo los grabé y yo los aportaré. Aquí están en este disco duro que en su momento entregaré a la Procuraduría General de la República como prueba indubitable, como prueba lícita.

“Daré también mi testimonio de las conversaciones que sostuve en Canadá con Moisés Mansur; y en la Ciudad de México con Juan José Janeiro y Antonio Bandín, y en Veracruz con Francisco García González, alias ‘El Franky’, uno de los principales cómplices de Javier Duarte”.

Es un ardid yunista. Es la treta para apretar a la PGR y evitar que Javier Duarte se burle de la ley.

Si falla, el gordobés se les va.

Archivo muerto

Sin cargos por desaparición forzada llegó Javier Duarte a México. No los incluye el pedido de extradición. Los evadió la PGR y los omitió la Fiscalía de Veracruz.

 Antes de la extradición, hubo por lo menos 30 denuncias por desaparición de personas —80 por ciento de ellas son forzadas— y tres de las impulsoras de los colectivos que buscan a sus familiares en fosas clandestinas y alguna pista en archivos ministeriales —Lucy Díaz de Henao, Aracely Salcedo y Yadira González— viajaron hasta Guatemala exigiendo que Javier Duarte fuera remitido a México y se le aplique la ley por las miles de personas de las que nada se volvió a saber.

“Nosotros presentamos las denuncias antes de que fuera detenido; posteriormente, se enviaron otras. Todos los ciudadanos tenemos que alzar la voz por nosotros mismos, por nuestras familias, porque hoy me pasó a mi, pero que el día mañana no te pase a ti”, refiere Aracely Salcedo, madre de Fernanda Rubí, de quien nada sabe desde 2012. Quieren que se aplique todo el peso de la ley al ex gobernador de Veracruz, al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y demás ex funcionarios inmiscuidos.

A esas denuncias habrá que sumar las de los otros 132 colectivos que han interpuesto sus denuncias en el mismo sentido. Hay en la mayoría de las desapariciones un factor común: la mano de policías o ex policías.

Y hay una recurrencia que detona en las manos de Javier Duarte. imperdonable, pues, que ni PGR ni Fiscalía de Veracruz hayan incluido en el catálogo de delitos con el que se solicitó la extradición del gordobés, el de desaparición forzada. ¿Por qué?… Otras dos fotos, y en ellas Miguel Ángel Yunes y Erasmo Vázquez González. Miyuli, en días de campaña, enmezclillado, con su camisa amarilla. A su lado, el cacique de los cítricos, casual como siempre, playera blanca y gorra. Con ellos, Fernando Yunes Márquez, entonces senador y hoy alcalde electo de Veracruz-puerto.

Otra gráfica: Yunes Linares en mangas de camisa, en sus primeros días de gobernador, a unos metros del palacio de gobierno, en Xalapa. A su lado, Erasmo Vázquez González, cacique de San Juan Evangelista, y de Acayucan y Cosoleacaque, tras los pasos de su medio hermano Cirilo Vázquez Lagunes el Caudillo del Sur. Con esa rama de los Vázquez pacta el yunismo azul, y de ahí los cargos de gobierno a la estructura de Erasmo, a Félix López Mora, aún delegado de Tránsito en Cosoleacaque.

Maravillosa alianza: Yunes azul, que pregona que en Veracruz los malosos serán pasados por la espada de la justicia, y Erasmo Vázquez, mínimo en dos fotografías, quizá más, cuyos acólitos se mueven en la órbita del H, alias Hernán Martínez Zavaleta, jefe regional de Los Zetas, en prisión, arraigado por 80 días tras el crimen de su lugarteniente, Bernardo Cruz Mota, alias El Berna, que dio pauta a la masacre de los niños en la colonia Nueva Calzadas…

En las barbas de Edel Álvarez, los reos compran su libertad. Cinco de ellos, en el penal Duport, en Coatzacoalcos, ya son harina de otro costal. Cada uno pagó 15 mil pesos y con una treta legal, sumando días y noches, purgada una fracción de la condena, algunas hasta por 40 años de prisión, alegando buena conducta aunque sean unos criminales sin remedio, se fueron con todas las de la ley. Fraguaron y operaron la maniobra personeros y amigos del presidente del Poder Judicial en Veracruz, ofertando entre los reclusos la oportunidad, vía sus módicos 15 mil pesos sin IVA, de andar libres y listos para volver a delinquir.

En las barbas de Edel Álvarez se fueron ya cinco reos. El plan era darle salida a mínimo 100 reclusos. Un negocio de por lo menos 1.5 millones de pesos, obra de edelistas que van dejando huella en el Poder Judicial de Veracruz. Si el presidente magistrado no lo sabe, mal; y si lo sabe, peor… Un tratante de blancas, impulsor de la prostitución, será funcionario en el ayuntamiento de Morena en Coatzacoalcos. Viejo líder estudiantil, solía contratar mujeres en su negocio particular.

Luego las instaba a convivir con funcionarios de gobierno, la mayoría llegados de Xalapa, algo así como scorts que debían departir en comidas y cenas, tomar la copa, bailar y cachondear, terminar entre las sábanas de un hotel. Padrote vulgar, Lenin en su bolsillo, en 2018 será funcionario de alto nivel en el ayuntamiento que presidirá Morena, el pejepartido que pregona que no es como los demás…

 

Por el robo a Veracruz se juzga a Javier Duarte, no por su policía criminal, la que se coludió con el narco, levantando inocentes y torturando hasta matar, sepultando cuerpos en fosas clandestinas, provocando angustia y dolor.

Por esa violencia no se juzga a Javier Duarte.

Para esos muertos y desaparecidos no habrá justicia.

De ese luto y ese dolor se ríe Javier Duarte.

Va sorteando las imputaciones por el saqueo descomunal, los millones que hurtó de las arcas públicas, el lavado y el blanqueo de capitales, la red de prestanombres y el uso de empresas fantasma y empresas fachada para diluir los dineros mal habidos en inversiones inmobiliarias dentro y fuera del país.

Extraditado desde Guatemala, el ex gobernador de Veracruz no enfrenta cargos lesa humanidad, ni desaparición forzada, ni la colusión con la delincuencia mayor. Lo suyo es el peculado, abuso de autoridad, delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión fiscal, coalición de funcionarios para cometer un delito.

No incluye el juicio de extradición su amorío con los malos y los capos, la entrega del aparato de seguridad al crimen organizado, ni el involucramiento de la policía estatal en la mecánica delincuencial, dejando a zetas y golfos, a los del Cártel Jalisco Nueva Generación, hacer de Veracruz un paraíso de impunidad.

Viene a México y solo se le enjuicia por el robo y la quiebra de Veracruz.

No lo tocan por el dolor de las víctimas, las familias y los amigos que vieron partir a su gente un día y no supieron más.

Burlados por Javier Duarte, el yunismo no es mejor. Agravia la mentira, la indiferencia, la

soberbia, el desprecio.

El lunes 17, el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba emitió un comunicado en el que exige que Javier Duarte sea investigado y llevado ante la justicia por aquellos que un día simplemente no volvieron más.

Dice el comunicado:

“El día de hoy, Javier Duarte de Ochoa, fue extraditado de Guatemala, para enfrentar las acusaciones por los delitos de operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada. Para la sociedad Veracruzana en especial para las familias de las víctimas de la violencia durante el periodo en el que gobernó Duarte en Veracruz, la extradición no garantiza el acceso a la justicia y encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

“Veracruz es uno de los estados con mayor registro a nivel federal de personas desaparecidas y junto con Tamaulipas es el estado líder en investigaciones federales por desaparición forzada en los últimos años, delitos que se han agravaron durante el gobierno de Javier Duarte. Prueba de ello es que ex funcionarios del gobierno de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita y Alfonso Zenteno, han sido detenidos, el primero por enriquecimiento ilícito, aunque también es señalado por estar involucrado en desapariciones forzadas y el segundo por pederastia, también señalado por estar involucrado por desaparición forzada.

“A las familias de personas desaparecidas de Veracruz, que buscamos a nuestros seres queridos incansablemente nos preocupa que no se finque responsabilidad por los delitos de desaparición y asesinato a Javier Duarte, ya que según el Tratado de Extradición entre Guatemala y México firmado en 1997 contempla que la persona reclamada no podrá ser detenida o juzgada por un delito distinto por el que se concedió la extradición. Para las familias de personas desaparecidas, sociedad veracruzana y mexicana es de suma importancia que se le finquen responsabilidades por la desaparición forzada de personas, debido a la omisión y permisividad para que las fuerzas de seguridad y crimen organizado actuaran, con total impunidad.

“Las familias de personas desaparecidas exigimos que se investigue a Javier Duarte y a otros funcionarios de su administración por la desaparición de personas y pedimos a la sociedad veracruzana que se una a esta exigencia, ya que es necesario terminar con la impunidad que controla al Estado veracruzano para luchar contra este terrible crimen que azota y se esparce en el país”.

Otros colectivos no ceden en su reclamo de justicia. Si se los llevaron vivos, vivos deben regresar. Y si fueron ejecutados, alguien tiene que pagar.

Al frente de Colectivo Solecito por Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Henao ha mantenido una posición inflexible, primero en la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, rompiendo protocolos y limitantes oficiales, y luego en la exigencia de que el gobierno de Veracruz actual asuma su rol.

Su voz se expresa cuando aborda la responsabilidad de Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy en prisión, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, no por desaparición forzada ni crímenes y levantones.

Se les debe juzgar por desaparición forzada, acusa, y “por omisiones en la investigación de miles de desapariciones; sin embargo, Henao lamenta que hoy la Fiscalía de Yunes exhiba la misma incompetencia que las que tuvo Duarte”, refiere la revista Proceso.

“Tenemos una fiscalía enana —agrega— para un criminal tan grande como Duarte. Hay cosas que podrían imputárselas por omisión en desapariciones o en las mismas desapariciones forzadas. No es fácil acusarlo sin probar completa la cadena de mando, se requiere una investigación muy exhaustiva y un trabajo legal muy sofisticado, incapaz de realizarse por la actual Fiscalía”.

Vía la policía estatal, la policía cómplice del crimen organizado, Javier Duarte y Arturo Bermúdez detonaron la violencia sin control. Vendieron los territorios, dejaron operar a la delincuencia, desaparecieron cuerpos policíacos en municipios estratégicos, se fueron convirtiendo los elementos de la policía en agentes del “levantón”, la tortura, la muerte.

Recurrente, el modus operandi comenzó a advertirse en todo Veracruz, en el norte y en el sur, en la costa y en la montaña.

Y Bermúdez y Duarte decían no saber.

Y llega Miguel Ángel Yunes Linares y no se lo quiere trabar.

Una mujer enseña cómo se debe encarar a un rufián vestido de rufián. Es Aracely Salcedo. Su hija Fernanda Rubí desapareció y desde entonces no su vida cambió.

Abordó a Javier Duarte, el 23 de octubre de 2015. Le exigió saber dónde está su hija, qué resultados arrojan las investigaciones. Duarte y su esposa Karime Macías sólo sonreían. Huyendo tácitamente, sólo podían esbozar una sonrisa. Frente a una desaparición forzada, frente a una eventual muerte, sólo una sonrisa.

Fue Aracely Salcedo a Guatemala. Fue con Lucy Díaz, de Colectivo Solecito, y con Yadira González, de Justicia por los Desaparecidos. Se plantaron frente al Tribunal, exigiendo que a Javier Duarte se le extraditara a México para ser juzgado por desaparición forzada, por delitos lesa humanidad. Llevaban sus mantas, su reclamo, su voz.

Su imagen dio la vuelta al mundo, por su valor y decisión. Y hoy saben que a Javier Duarte, el PRIAN, sus cómplices, lo juzgan por el saqueo a Veracruz pero no por las desapariciones y crímenes de miles de veracruzanos.

Marchan los familiares de los desaparecidos. Se plantan en las plazas, en carretera, en eventos públicos. Exigen saber. Exigen que la ley se aplique. Exigen que los culpables vayan a prisión.

Hurgan en la tierra. Hallan cuerpos, cráneos, huesos desmembrados. Hallan restos que el gobierno de Javier Duarte negó que existieran, que “Culín”, alias Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal del duartismo, pretendió borrar, como las pruebas de ADN que manipuló para obstruir la justicia. ¿Por qué?

Yunes, vía su fiscal Jorge Winckler, también los agravió. Los evade el yunismo, les da largas. La espera a reuniones de trabajo se vuelve insultante. La disculpa es hueca. La soberbia agravia.

Habrá que entender que ellos no son iguales a los demás. Ellos, los familiares de los desaparecidos, viven en la angustia, aferrados a una esperanza; viven la incertidumbre, sin saber si algún día hallarán a su ser amado, quizá sólo para darle un final digno.

Su lucha es titánica. Con sus manos buscan en la tierra, sufragando su labor, aprendiendo a no contaminar la prueba judicial. Y en la Fiscalía de Veracruz, un mando menor, Luis Eduardo Coronel Gamboa, lo mismo se va de farra cuando debía atender a los familiares de los desaparecidos, que suelta una frase imbécil: “¿Cuál es la prisa si están desaparecidos?”.

A Duarte no se le juzgará por delitos lesa humanidad. No lo incluye la petición de extradición a Guatemala. Allanado a ese proceso, Javier Duarte libró el riesgo de enfrentar una sentencia peor que la que le pudieran acreditar por el robo a Veracruz.

De ahí que Lucy Díaz de Henao sostenga que tendrá que ser una corte internacional la que haga pagar a Javier Duarte y a Arturo Bermúdez por todas las atrocidades, violaciones a derechos humanos y desapariciones.

“Sería iluso pensar que está Fiscalía pueda hacer un juicio exitoso contra Duarte”, apunta.

Lloran por el dolor y por la indolencia, por la angustia del familiar perdido, por la saña del que mata y sepulta. Y también por la impunidad de los verdugos.

Para los desaparecidos no habrá justicia.

Archivo muerto

Sol y sombra de Téllez Marié. Va al Congreso de Veracruz y le imputa a Javier Duarte que se coludió con el crimen organizado, desapareció 23 policías municipales, pactó con el crimen organizado, lo dejó operar, cobrar derecho de piso, el trasiego de droga, el secuestro y la extorsión.

Recordó el secretario de Seguridad Pública que a Fidel Herrera le acreditan un soborno del Cártel del Golfo de 12 millones de dólares para dejarlo hacer, dejarlo pasar en sus días de gobernador.

Hay violencia exacerbada por los pactos de Fidel Herrera y su alumno Javier Duarte con el narco, secuestradores, tratantes de blancas, traficantes de indocumentados, el robo, el crimen por una paga. Hasta el gobierno federal le entró, dice Jaime Téllez Marié.

Teniendo todo para actuar, les permitieron ser impunes. Lo que no explicó es por qué si el diagnóstico implica a Duarte y a Fidel con los malosos, no se les ha encausado penalmente; por qué no hay denuncia por vínculos con el crimen organizado. Y si no la hay, ex complicidad también.

Comparecencia explosiva pues Téllez Marié se trenzó con tres diputados: a Ernesto Cuevas, quien le pidió su renuncia por incompetencia, lo tildó de borrachín al que detienen las autoridades manejando ebrio; a Fernando Kuri, priista del grupo mixto Juntos por Veracruz, cuya empresa está involucrada en una investigación federal por robo de material de transporte público; a Basilio Picazo por hallarle madera robada en una camioneta.

Querían llevar a Téllez Marié al Congreso y lo tuvieron que aguantar. Lo que dejó en el aire el secretario de Seguridad es por qué, si Fidel Herrera y Javier Duarte pactaron con el crimen organizado, no hay denuncia aún. Y eso es complicidad…

Otras cuatro fotografías implican de nuevo a Fernando Yunes con caciques y matones en el sur. Otra vez, Erasmo Vázquez González, el “rey del limón y los cítricos”, hermano del extinto Cirilo Vázquez, al que un día un perspicaz periodista, urgido de halagarlo, le llamó “caudillo del sur”, y le encendió el ego. Primero las gráficas que detonaron el escándalo, a unos metros el senador con licencia y actual alcalde electo de Veracruz y el temible H, alias Hernán Martínez Zavaleta, y a su lado Erasmo.

Luego otras ocho imágenes en que el hijo del gobernador posa con el líder ganadero y campesino, con el delegado de Tránsito en Cosoleacaque, Félix López Mora, y una docena de fans. Hoy son cuatro fotografías, de nuevo con Erasmo Vázquez, cuidados de cerca por los escoltas del cacique, por Joaquín Montero, a quien llaman en un documento “jefe de sicarios”, tomándose dos veces la selfie en que muestra las armas que se carga para proteger al patrón.

O sea que es más estrecha la liga Fernando Yunes-Erasmo Vázquez, apareciendo juntos en diversos eventos, so riesgo de que la violencia los alcance… De madrugada, Antonio Rodríguez salió del bar.

Un comando lo acechaba. Lo fildeó, lo tuvo a la mano y se lo llevó. Antonio Rodríguez es director jurídico del DIF-Coatzacoalcos. Es el primer funcionario municipal joaquinista plagiado, sin que 24 horas después se sepa qué fue de él. Ocurrió en los primeros minutos del miércoles 19, cerca de su centro de trabajo, en la colonia Héroe de Nacozari. Había estado en un bar, abordó su automóvil y de pronto sintió el cerrón de otro vehículo.

Amagado, las armas apuntándole, fue obligado a ir con ellos. Su caso está en manos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que asesora a la familia para tratar de regresarlo con bien. Primer funcionario joaquinista que oficialmente sufre un levantón…

¿Quién es ese alcalde del sur que deslizó sustancioso soborno, unos 2 millones de pesos, al ORFIS, pidiendo, exigiendo, que le cuadren las cuentas de los vastos recursos que recibió, no invirtió, simuló que los aplicó en obras fantasma y los desvió? Una filtración sobre el caso puso ya en alerta al Congreso de Veracruz…

A su lado, Javier Duarte tiene un aliado sin par, que lo acusa a ciegas, sin cuadrar las cifras del desfalco y el peculado, sólo rasgos de una asociación delictuosa que se cae a pedazos, desmoronando el caso más sonado de corrupción en Veracruz. Su aliada es la PGR, es priista y lo quiere en libertad.

Huyó seis meses, pasando de una casa de seguridad a otra, pasaporte en mano —pasaporte falso por supuesto—, con dinero fresco y líquido, efectivo que le permitía transitar sin riesgo, evadiendo la orden de aprehensión. Si hubiera sabido que la PGR trabajaba para verlo libre, no se habría movido.

Huía el ex gobernador de Veracruz desde aquel 14 de octubre, en 2016, sabiendo que la ley lo cercaba, acusado de ocho delitos nada más, uno grave, siete para andar en libertad, ajustado al nuevo sistema de justicia penal desastroso, que favorece al criminal y deja en la indefensión a las víctimas.

A salto de mata, como los bandoleros, Javier Duarte llegó a Guatemala, tras volar del Agrocentro de Emiliano Zapata a Coatzacoalcos, a Chiapas, por los caminos que lo llevaron a la nación vecina hasta ser ubicado en el hotel La Riviera de Amatitlán, en el departamento de Sololá. Karime Macías Tubilla, su esposa, fue el señuelo para dar con él. O consumó la traición.

Su primera audiencia, una vez concluido el juicio de extradición que lo trajo de Guatemala a México, vislumbra un escenario de impunidad, indemne a la justicia, derrumbando los cargos que le imputan la PGR y la Fiscalía de Veracruz, no por argumentar mejor sino por la falta de sustento de quienes representan a la instancia judicial. Si Javier Duarte aceptó su traslado fue porque tenía todo para burlar la ley.

Hechos bolas, los abogados acusadores muestran que la Procuraduría General de la República es un fiasco.

Tienen al ex gobernador a unos metros. Le imputan lavado de dinero por más de 438 millones de pesos pero en documentos, en recibos, sin elementos de prueba, sólo pudieron acreditar 38.5 millones.

Es la audiencia inicial y resulta un desastre. Atestado de prensa, este lunes 17, el Reclusorio Norte de la Ciudad de México muestra que el priismo se habla con el priismo, el peñanietismo es cómplice del duartismo, se coluden y se encubren.

Refieren las crónicas que aquello fue una debacle, anunciada en espacios de prensa cuando Javier Duarte aún permanecía en la prisión Matamoros de Guatemala, resaltando la fragilidad de los expedientes, la inconsistencia de las pruebas, los delitos que sin explicación ni razón fueron dejados fuera de la acusación.

“Los números no cuadran, eso está claro”, llegó a decir el mismo juez de control, adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García.

Y si no cuadran, de qué se le va a acusar a Javier Duarte.

Premeditado o no, ese episodio evidencia complicidad o indolencia, o los dos, los arreglos del priismo con Javier Duarte, el mecenas de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que con dinero de las arcas públicas compra impunidad, o la imperdonable impreparación de los tres abogados que representaron a la PGR en la audiencia inicial.

“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, diría socarronamente el abogado del ex gobernador, Marco Antonio del Toro, de la firma Del Toro Carazo, al ver el desastroso papel de los abogados de la PGR.

Javier Duarte y sus abogados formularon 20 preguntas. Los abogados de la PGR terminaron siendo cuestionados, exhibidos, ridiculizados. Uno de los cuestionamientos los obligó a invertir una hora para responder. Y lo hicieron mal.

A detalle, el reportero Arturo Ángel, del portal informativo Animal Político, quien acreditó la existencia de empresas fantasma en las que Duarte y su pandilla desviaron miles de millones de pesos, describió el caso, lo que PGR tiene en documentos, el contenido de las denuncias y el papelazo que interpretó en la audiencia inicial.

“El origen del caso —señala Arturo Ángel— fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.

“La trama, según la imputación de la PGR, involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.

“Según la acusación de la PGR, a través de Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo por instrucciones de Duarte”, según la Procuraduría.

“Ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV (que forman parte de una red de empresas que solo existen en el papel como ha publicado Animal Político), y que habrían recibido recursos públicos de la administración.

“Luego de escuchar la imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose prácticamente en un interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por los mismos funcionarios, que no respondían con precisión.

“Por ejemplo, Duarte pidió que se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos. Peor aún, cayeron en contradicciones.

“ ‘Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado. No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia’, dijo el juez.

“Luego, la defensa insistió en que la Procuraduría detallara de qué cuentas habían salido los 438 millones presuntamente desviados por Duarte, y tras varias intervenciones los fiscales solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“ ‘¿Eso es todo?’, cuestionó el juez. Los abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la acusación entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. El juez Moreno señaló que era claro que ‘los números no cuadraban’, pero que esto se vería a fondo en la audiencia de vinculación.

“Las fallas siguieron. La defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega.

“La Procuraduría tampoco pudo responder si Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.

“ ‘Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando’, dijo el abogado Marco Antonio del Toro”.

A velocidad de ráfaga, Javier Duarte se encamina a ser hombre libre. La PGR lo salva, imputándole delitos que puede llevar en libertad, a excepción del de delincuencia organizada, exhibiendo fragilidad en la prueba.

No se podía esperar menos. Entre priistas, hay colusión. Javier Duarte fue impulsor del proyecto Peña Nieto, financiando parte de la campaña presidencial, con las maletas que contenían recursos en efectivo, mil millones, por lo menos, enviados en cajas de huevos, como se le escucha decir al entonces tesorero del gobierno duartista, Antonio Tarek Abdalá Saad, en un audio de escándalo.

A Javier Duarte no se le juzga por el desvío de recursos federales a Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció irregularidades por 30 mil millones de pesos, dinero no aplicado en los rubros etiquetados por el Congreso federal, simulación de devolución de partidas millonarias, abriendo cuentas para su depósito de las que volvía a ser tomado el recurso.

Arely Gómez, entonces procuradora general, desestimó el caso y lo remitió a la Fiscalía de Veracruz. O sea, a los acólitos de Javier Duarte. Ahí el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras determinó que no había delito alguno. El priismo operando la burla a la ley.

El costo, sin embargo, es monumental. De ser liberado Javier Duarte, detonará el repudio social, la repulsa al sistema penal y la condena al arreglo entre priistas.

En 2018, cuando se dispute la presidencia de México, el costo judicial se traducirá en costo electoral. Y el PRI volverá a ser echado de Los Pinos.

Javier Duarte no ríe. Pero por dentro goza.

Archivo muerto

Del Toro Carazo no defiende a cualquiera. Hoy es Javier Duarte. Hoy es Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del magisterio, rehén de Enrique Peña Nieto, por pleito de mafias en la cúspide del poder.

Ayer fueron Vicente Fox, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que nunca ha dado golpe en minera alguna; Grupo Carso de Carlos Slim; Pemexgate (desvío de recursos de Pemex para la campaña del PRI en 2000); el ex banquero Carlos Cabal Peniche, y el caso Toallagate en que la ex vicepresidenta de México, Martha Sahagún de Fox, se vio implicada por las cifras infladas en los gastos personales de la pareja presidencial.

Marco Antonio del Toro Carazo cobra una millonada por defender a sus clientes, gane o no los pleitos, evite o no que quienes cubren sus honorarios terminen en prisión. A Javier Duarte, imputado de desvío de recursos, lavado de dinero, delincuencia organizada y cinco delitos más, le cuesta uno y la mitad del otro que la firma de Manuel del Toro le lleve su caso.

Del Toro se mueve en el nivel de Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, de Juan Collado, de Juan Velázquez, de los Olea. Del Toro lleva, por ejemplo la defensa de Elba Esther Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; son los mismos que se le imputan al ex gobernador de Veracruz. Alguien, pues, debe cubrir sus millonarios honorarios. O, como se ve, los sufraga el ladrón con lo que le robó a Veracruz…

Si a Juan Antonio Nemi Dib le buscan, le encuentran. Sábese que en sus días al frente del DIF estatal, entregó el área de informática a una empresa particular, concesionaria favorecida para llevar las cuentas o las dobles cuentas de Karime Macías, aún esposa de Javier Duarte. Terciaba entonces Nemi Dib con Antonio Tarek Abdalá Saad, el jugador de basquetbol por el que tanta admiración y cariño sentía Rosa Borunda, esposa del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, entonces convertido en secretario de Administración del DIF, y de ahí, proyectado por Karime y por el mismo Duarte, a la tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación para terminar enfrentando denuncias por 23 mil millones de pesos desviados. Si le hurgan algo más al caso Nemi, hallarán nombres y razones que expliquen por qué concesionó el área de informática, a qué empresa y quién lo sugirió… Fue una ráfaga, y otra, una veintena de balas cortándole la vida a los dos.

Él, Abdías Salomé Salomé; ella, presuntamente su sobrina, quien iba al volante de la camioneta doble cabina, blanca, sobre la calle Correos del Barrio Cuatro, cerca del DIF de Cosoleacaque. Un vehículo compacto los alcanzó y de él partieron los disparos que dieron en parabrisas y medallón, en la estructura del automóvil y la humanidad de los dos. Abdías Salomé había sido activista social, crítico del sistema, denunciando el turismo electoral, votantes traídos de Tabasco, inscritos en los padrones electorales del sur de Veracruz, en los días en que Gladys Merlín Castro reinaba en Cosoleacaque.

Luego se le implicó en el secuestro y muerte de una doctora en Minatitlán, la ginecóloga Aurelia Solís Juárez, en agosto de 2011. Remitido al penal Duport-Ostión, sujeto a juicio, acusó que se incriminó a causa de las torturas que le infligieron agentes ministeriales. Finalmente fue liberado.

En 2016, un hermano suyo, Aarón Salomé, fue ejecutado en la vía pública. Hace apenas unos días, un taxista de Jáltipan fue ultimado, destazado y dejado en un automóvil Jetta. Junto al cadáver hallaron un narcomensaje: “Raza ya estamos presentes esto les va a pasar  a todos los que  apoyen o  anden con los mugrosos del puto de abdias salomé,  concha, el panucho vas a mamar; junto con el gil, michelin, richi, curso, el perry,  olmeca, bimbo, lic y el vic pinches traidores ya verán putos chapilines la limpieza apenas comienza CJNG”. Este martes 18 se cumplió la amenaza…

 

De todos sus cómplices, al que más teme Javier Duarte es Alfonso Ortega, testaferro que abría y cerraba cuentas, creaba empresas de papel, invertía en bienes y propiedades —hasta en el yate Aquariva Súper— y que implicó a Karime Macías en el saqueo a Veracruz.

Alfonso Ortega, sabe Javier Duarte, es la clave del caso, la llave que abre la reja o que lo refunde en prisión hasta que su vejez lo alcance.

Alfonso Ortega, pide el ex gobernador de Veracruz, debe comparecer en la audiencia del sábado 22, en un último esfuerzo para evitar que se le vincule a prisión. Sabe que si derrumba la imputación, quedará en libertad.

Concluido el trámite de extradición, fue remitido por el gobierno de Guatemala este lunes 17. Llegó horas después a la Ciudad de México, trasladado al Reclusorio Norte y enfrentado a su primera audiencia ante el juez, que al final le decretó prisión preventiva de dos años.

Adusto el gesto, con seriedad de funeral, Javier Duarte ya no muestra la sonrisa y la burla en los labios. No saluda a los medios ni departe con los periodistas. Dejó el show atrás, el tono soberbio al hablar.

No teme a Moisés Mansur, ni a José Juan Janeiro, ni a José Bandín, ni a Tarek Abdalá, ni a sus secretarios de Finanzas y Planeación. Le teme a Ortega por lo que ya habló ante la Procuraduría General de la República y lo que pudiera terminar de cantar.

Ortega, ante la PGR, fue letal. Ahí reveló la “extracción” de dinero público. Ahí, la creación de empresas de papel. Ahí, la saturación de dinero en efectivo hasta que las tuberías financieras terminaron por reventar. Ahí, la mano siniestra de Karime Macías Tubilla, decidiendo qué empresas fortalecer, qué acciones pasar a su nombre, qué inversiones aumentar, qué negocios esfumar.

Lo que diga Alfonso Ortega de Karime Macías —sabe Javier Duarte—, es la muerte.

De todos los testigos en contra, al que Javier Duarte quiere frente a él es a Alfonso Ortega, implicado en compra de terrenos ejidales en Campeche, en firmas que adquirían bienes, entre ellos el yate Aquariva Super, a la “altura de su investidura”, pregonaba el locuaz ex gobernador, en el que surcó las aguas del Papaloapan; los fraccionamientos inmobiliarios en Miami, Florida, Estados Unidos, comprando a precio de remate casas y condominios.

Sus palabras ante la PGR, sabe Javier Duarte, son ácido en el juicio que lo mantiene en prisión, usando una red de prestanombres que incluye familiares, amigos, subalternos y hasta personas que ignoraban que su identidad fue robada para consumar el atraco a Veracruz.

Entre las 19 pruebas usadas por la PGR para lograr la extradición a México y someterlo a juicio, reveladas el 4 de julio, sustentadas en testimonios de allegados a Javier Duarte, destacan las de Janeiro, Mansur, el ex secretario de Seguridad Pública, el falso general Arturo Bermúdez Zurita, y Alfonso Ortega.

En las pruebas 5 y 6 se establece lo siguiente:

“Prueba 5: Entrevista escrita y en audio con Alfonso Ortega López, ex colaborador de Duarte. Según el fiscal, esta conversación fue el 12 de octubre de 2016 y en ella Ortega habló del uso de recursos públicos con fines privados, así como de su desvío y ocultamiento.

“Prueba 6: Entrevista ministerial con Ortega, el 12 de diciembre de 2016, en la que refirió la constitución de empresas fachada para las operaciones ilícitas”.

En las pruebas de la 11 a la 18 se vuelve a sustentar el rol que jugó Ortega para saquear y blanquear los dineros robados a Veracruz:

“Prueba 11: Escritura pública de la compraventa realizada entre Ortega y la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios. En esa operación —en la que Ortega fungió como vendedor—, estuvieron involucradas cuatro parcelas del ejido Lerma, en Campeche.

“Según la fiscalía guatemalteca, con este documento se acredita que Duarte encabezó una red para apropiarse de bienes de manera ilegal. Al respecto, él aseguró este martes que eso es falso y que no es ni ha sido ejidatario.

“Prueba 12: Documentación sobre la venta de un yate, de la empresa Ferretti a la empresa Alpargata, cuyo propietario es Ortega.

“Prueba 13: Escritura pública de la constitución de la empresa Roor, cuyos únicos socios son Ortega y Mario Rosales Mora.

“Prueba 14: Escritura pública de la operación de compraventa a través de la cual Roor compró una propiedad en la calle de Sierra Fría, en Lomas de Chapultepec. Según el fiscal, este documento respalda lo dicho por Ortega en entrevistas con autoridades.

“Prueba 15: Contratos de compraventa de cuatro departamentos en la zona turística de Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, adquiridos entre 2010 y 2012 y cuyos dueños son Mansur, Ortega y Janeiro.

“Se acredita la compra de estos inmuebles por instrucción del señor Javier Duarte y las negociaciones realizadas por Moisés Mansur.

“Prueba 16: Documentación relacionada con la adquisición de las 21 parcelas del ejido Lerma: cuatro por Ortega, tres por Janeiro, nueve por Mansur y cinco por Rafael Gerardo Rosas.

“(Con esto) se acredita un complejo cúmulo de estrategias operativas que permitió a las personas involucradas por órdenes de Javier Duarte la consecución de su objetivo, que fue la introducción de dinero a instrumentos financieros, aparentando que eran producto de una actividad comercial lícita”, dijo el fiscal Galdámez.

“Prueba 17: Estados de cuenta de pagos con motivo de la compraventa de las 21 parcelas, que respaldan la transferencia de dinero y que fueron analizados por peritos contables de la PGR.

“Prueba 18: Dictamen de contabilidad emitido por los peritos de la PGR Jorge Moreno y Gonzalo Pedraza, quienes dieron cuenta de los flujos de dinero por la compraventa de las parcelas, a través de operaciones bancarias realizadas por Consorcio Brades a favor de Mansur, así como de operaciones bancarias de Terra a favor de Ortega”.

Otras referencias, extraídas de su declaración a la PGR las hizo públicas el diario Reforma en 2016:

“Como parte del blanqueo de 253 millones de pesos, realizado por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, también adquirió tiempos compartidos en el Hotel St. Regis, en Nueva York, con un costo de más de millón y medio de dólares, declaró su prestanombres y abogado fiscal, Alfonso Ortega.

“El periódico Reforma publicó que en su declaración el abogado fiscal llevó a cabo la adquisición de los tiempos compartidos e hizo el pago al hotel, a través de una serie de operaciones realizadas desde el año 2011. Esta figura de ‘tiempos compartidos’ permite al propietario pasar 28 noches al año en el Hotel ST. Regis.

“Javier Duarte ordenó a Alfonso Ortega constituir la sociedad incorporada Siamese Twins Inc. en Estados Unidos para adquirir unidades en propiedad fraccional del exclusivo hotel neoyorkino.

“El periódico Reforma refiere que a través de Siamese Twins Inc., y de sus testaferros, Javier Duarte compró las unidades de tiempos compartidos 1135-34 y 1135-31, en 410 mil dólares cada una, además de la unidad 935-24, en 400 mil dólares.

“En su declaración ante la PGR, Alfonso Ortega menciona que están involucrados los abogados Nader Ahari y José Juan Janeiro, éste último es señalado por las autoridades como operador financiero de Javier Duarte y fue quien hizo el depósito en dólares al hotel.

“La PGR en su investigación refiere que los datos aportados por Alfonso Ortega coinciden con una adquisición que aparece en la página electrónica de la Oficina del Registro Público del Departamento de Finanzas de Nueva York.

Le siguió el diario La Jornada. En ella Ortega implica a Karime Macías:

“Alfonso Ortega declaró que en diciembre del año 2012 la esposa del ex gobernador, Karime Macías Tubilla, le ordenó endosar en blanco las acciones de todas las empresas que abrió en Estados Unidos para adquirir inmuebles, tiempos compartidos y todo tipo de bienes, incluidas las de la compañía con que compró la lancha Aquariva Super de 790 mil dólares (casi 10 millones de pesos).

“Ante la PGR, el prestanombres dijo que esta instrucción se la dio Karime Macías cuando acudieron a un viaje de vacaciones a Aspen, Colorado, donde acompañó a la familia y se hospedaron en el St. Regis Aspen Resort. Ahí Karime Macías le dijo a Alfonso Ortega que ellos ‘querían resguardar sus inversiones y mantenerlas a salvo, señala el diario Reforma.

“El abogado fiscal del gobernador, señaló en su declaración ante la PGR que en el año 2008 Javier Duarte ocupó la crisis inmobiliaria de Estados Unidos para comprar remates de bienes valuados con un costo de entre 80 y 120 mil dólares, localizados en Miami, Florida.

“Esto ocurrió porque en Estados Unidos se originó una crisis y el sector inmobiliario puso ofertas de bienes y las Cortes subastaban casas para recuperar préstamos y créditos hipotecarios, por lo que las adquirieron para después ponerlas a la renta”.

Sabe Javier Duarte que Alfonso Ortega es la clave del caso. Si en la audiencia del sábado 22 no diluye la acusación, estará perdido.

Por las manos de Alfonso Ortega pasaron miles de millones, lo robado a las arcas públicas, y de ahí al blanqueo, atestando las tuberías financieras, comprando bienes, vendiéndolos, volviendo a comprar, las veces que fuera para camuflar su origen ilegal.

Ni Mansur, ni Janeiro, ni Bandín, ni Rosas Bocardo, el de los terrenos de Campeche, ni doña Cecilia de Ochoa, madre del ex gobernador, ni sus hermanos, ni los Macías, los Tubilla, nadie operó tan a fondo en la red de corrupción de Javier Duarte como Alfonso Ortega, el abogado fiscalista que un día, sin más, sintió la amenaza por pretender abrirse.

Su silencio es oro. Su vida —o su muerte—, una solución drástica.

Ortega es el cómplice que lo puede hundir.

Archivo muerto

Fiscal de hierro, le llaman, y tiene al enemigo en casa. Carmen Vives Noceda, nueva fiscal regional, relevo del cuate de los zetas, Ricardo Morales Carrasco, hoy investigado por dispensar la autopsia del “Berna”, lugarteniente del H, alias Hernán Martínez Zavaleta, cuenta con fiscales que retienen un menor de edad, se los arrebata a su padre y con maniobras, usando las instalaciones de la Fiscalía Regional en Coatzacoalcos, consuman su fechoría.

Los acusa Mahiro Martínez de la Cruz, quien revela que su esposa Roberta Vázquez lo dejó por un amorío con un empleado de la Fiscalía, de nombre Martín Hernández. Acusa a la fiscal para delitos contra la violencia familiar, María Elena Callejas Alarcón, de prestarse al juego.

Semana a otra fiscal, Emilia Hernández, de intimidación y amenazas. Mahiro Martínez de la Cruz asegura tener la custodia del menor, otorgada por un juez. Vaya recibimiento para la fiscal de hierro, Carmen Vives, que tendrá que demostrar que el hecho existe y que el tráfico de influencias se paga con cárcel… Una masa humana —el torso acá, las piernas allá, los brazos, más allá— detonan el horror. Son pedazos, son fragmentos, los despojos de alguien que terminó su vida mal. A eso de las 4 de la mañana, este lunes 17, se realiza el hallazgo.

Minutos antes, casi a las puertas del mercado Plaza del Sol, nadie imagina lo que habría de ocurrir. Yacen sobre la banqueta, a pie de calle, superando cualquier otro escándalo advertido hasta hoy, sólo igual al de la mujer encontrada en la avenida General Anaya hace ya muchos ayeres, obra del Chanquilón y La Manola, a quienes los asesinos les encargaron destazar el cuerpo. Algo tiene esa calle, la Constitución.

En ella fue ejecutado el abogado Rodolfo Zapata Carrillo, crítico del caos duartista en materia de seguridad, ultimado hace casi dos años un par de cuadras abajo. Y por algo será, pues el Mando Único Policial se encuentra otras dos calles después.

Hoy, el horror vuelve, implícito el mensaje, horas después que el gobernador Miguel Ángel Yunes encabezara la reunión semanal del Grupo de Coordinación Veracruz, revelando avances y retrocesos ante el fenómeno de violencia, inseguridad extrema, sacudimientos del crimen organizado que lleva dos líderes menos, El Quino, un auténtico carnicero con obsesión por mutilar cuerpos, y el H, que con frialdad siniestra ordena el crimen de cuatro menor de edad…

En breve, más del caso H y los hermanos Chagra, el proceso legal para evitar que a los bienes de los políticos fidelistas le apliquen la Ley de Extinción de Dominio; la ausencia por conveniencia con algo de presencia en Juriquilla, Querétaro, el Puebla y en la Ciudad de México; la riqueza de Hernán Martínez Zavaleta, zeta mayor en el sur de Veracruz y Tabasco, y las inversiones recientes del H y los Chagra, contrastando con sus ingresos comprobables, y ya no uno sino varios notarios que dieron fe de supuestas operaciones de compra-venta, algunos bienes arrebatados a sus legítimos dueños.

Y ese marcadísimo interés del regidor José Antonio Chagra Nacif ante el cabildo de Coatzacoalcos por regularizar lo que queda de las áreas verdes de la colonia Petrolera, sobre el canal colindante con la colonia Puerto México. Uno de los predios, cercado, el mayor en extensión, aún muestra un letrero que indica que es área verde municipal. ¿Quién le echó el ojo al terreno?…

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